Carlos Emilio Serio Sucar: México y el pulso de su justicia

Vivimos un momento en el que hablar de justicia en México ya no es un ejercicio abstracto reservado a abogados y académicos. Es una conversación que ha bajado a la calle, a las redes sociales, a las sobremesas familiares.- Carlos Emilio Serio Sucar

Y creo que eso, en sí mismo, es una buena noticia: una sociedad que discute su sistema de justicia es una sociedad que no ha dejado de creer que ese sistema puede mejorar.

Quiero compartir mi punto de vista sobre varios de los temas que hoy generan más debate en el país, no como especialista en derecho, sino como ciudadano y como alguien que, desde el ámbito empresarial, observa de cerca cómo las decisiones institucionales afectan la vida cotidiana de las personas y la confianza en las reglas del juego.

La “Nueva Corte” y la pregunta que nadie puede evadir

Desde septiembre del año pasado, México tiene una Suprema Corte con una integración distinta, producto de la reforma judicial que llevó por primera vez la elección de ministros al voto popular. Esta Nueva Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, enfrenta ahora la prueba más importante de su existencia: demostrar que puede ser un contrapeso genuino frente al poder político, y no simplemente un espacio que ratifica decisiones ya tomadas en otros ámbitos del Estado.

Me parece que esta es la pregunta central del momento jurídico mexicano. No importa qué tan legítimo sea el origen de una institución si, en la práctica, no ejerce su función de manera independiente. La ciudadanía —y particularmente quienes trabajamos generando empleo e inversión en el país— necesitamos instituciones judiciales predecibles, técnicas y libres de presiones coyunturales. Eso no es una postura partidista; es una condición básica para que cualquier país funcione.

Prisión preventiva oficiosa: entre la urgencia y los estándares internacionales

Otro tema que sigue dividiendo opiniones es la prisión preventiva oficiosa, es decir, la detención automática de una persona acusada de ciertos delitos, sin que un juez evalúe caso por caso si esa medida es necesaria. El Congreso ha ampliado este mecanismo en años recientes, incluso mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido en más de una ocasión que México lo elimine.

Entiendo la lógica detrás de esta figura: combatir la sensación de impunidad que tanto lastima la confianza social. Pero también creo que hay que ser honestos sobre sus costos. Un sistema que detiene automáticamente, sin individualizar cada caso, corre el riesgo de sacrificar garantías básicas en nombre de la seguridad, y eso, a la larga, no fortalece a las instituciones: las debilita ante los ojos de la comunidad internacional y de los propios mexicanos. El reto real no es endurecer las leyes, sino fortalecer la capacidad de investigación de nuestras fiscalías, que es, a fin de cuentas, la raíz del problema de impunidad.

Los límites de la autoridad frente a la propiedad privada

En los últimos meses también se ha discutido con fuerza el tema del aseguramiento de bienes —inmuebles, cuentas bancarias— por parte de autoridades como la Fiscalía General de la República, en ocasiones sin una orden judicial previa. Casos como los aseguramientos de predios en zonas como Santa Fe, en la Ciudad de México, han puesto sobre la mesa una pregunta legítima: ¿dónde termina la facultad del Estado para combatir la delincuencia organizada y dónde empieza el derecho constitucional a la propiedad y a la presunción de inocencia?

Como empresario, entiendo perfectamente la necesidad de que el Estado tenga herramientas efectivas contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Pero un país que aspira a atraer inversión y a generar certeza jurídica no puede permitirse que estas herramientas se apliquen sin control judicial. El equilibrio entre eficacia y garantías no es un lujo técnico: es la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado de excepción permanente.

Cuando la política parece pesar más que la técnica

Uno de los señalamientos que más me ha hecho reflexionar viene de voces del propio gremio jurídico, que advierten que algunas decisiones de la Corte parecen depender más de su aceptación social o de la afinidad con ciertos grupos políticos que de un análisis constitucional riguroso. Sea o no del todo cierto en cada caso particular, el simple hecho de que esta percepción exista y se discuta públicamente ya representa un problema de legitimidad que las instituciones deben tomar en serio. La confianza no se decreta: se construye con resoluciones consistentes, argumentadas y libres de sospecha de cálculo político.

La discusión electoral: reglas del juego para todos

En paralelo, el país discute una reforma electoral que incluye recortes al presupuesto de las autoridades electorales y una disminución del financiamiento a los partidos políticos. Es un debate legítimo —ningún sistema democrático debería temerle a revisar sus reglas de financiamiento—, pero también uno que exige mucho cuidado. Voces de la oposición han advertido que estos cambios podrían debilitar a los árbitros electorales en un momento en que su fortaleza institucional es más necesaria que nunca.

Mi postura aquí es simple: cualquier reforma a las reglas del juego democrático debe construirse con el consenso más amplio posible entre fuerzas políticas, autoridades electorales y sociedad civil. Cuando una reforma de este calibre se percibe como unilateral, el costo no lo paga solo el partido en el poder o la oposición: lo paga la confianza ciudadana en el sistema electoral completo.

Avances que vale la pena reconocer

No todo en el terreno jurídico mexicano es motivo de tensión. Hay decisiones recientes que representan un paso adelante genuino. La ampliación del criterio de feminicidio para que aplique también en relaciones informales —no solo en matrimonio o concubinato formal— es un ejemplo de cómo el sistema de justicia puede adaptarse a realidades sociales que durante años quedaron fuera de la protección legal. De la misma manera, permitir que los testimonios de víctimas de desaparición forzada se incorporen como prueba válida, aun sin la presencia física del afectado, es una respuesta sensata ante una de las tragedias más dolorosas del país.

Carlos Emilio Serio Sucar: la justicia ambiental ya no puede esperar

Finalmente, quiero destacar un tema que hasta hace poco se discutía en los márgenes y que hoy se ha vuelto central: la justicia ambiental. Que México registre, en promedio, un ataque grave contra personas defensoras del medio ambiente cada diez días es un dato que debería alarmarnos a todos, más allá de posiciones ideológicas. El desarrollo económico y la protección del entorno no tienen por qué ser fuerzas opuestas, pero requieren un marco legal capaz de proteger tanto la inversión responsable como a quienes defienden sus territorios y recursos naturales.

Una reflexión final

Ninguno de estos temas se resuelve con una sola reforma ni con una sola sentencia. Lo que sí puedo afirmar, desde mi experiencia como parte del sector privado, es que la certeza jurídica, la independencia judicial y el respeto a las garantías individuales no son conceptos abstractos: son la base sobre la cual se construyen la inversión, el empleo y la confianza social. México tiene ante sí una oportunidad histórica de demostrar que su sistema de justicia puede modernizarse sin sacrificar los principios que le dan sentido. Depende de todos —autoridades, sector privado y ciudadanía— exigir que así sea.

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